¿Cómo se crean las leyes que nos rigen a los hidalguenses?

Aunque su labor suele percibirse lejana, el Congreso define reglas que influyen de forma directa en los servicios públicos y en los derechos ciudadanos.

Cada vez que cambia una norma sobre transporte, educación, seguridad o impuestos en Hidalgo, existe un proceso legislativo poco visible para la mayoría de la población. Las decisiones que impactan la vida cotidiana de más de tres millones de habitantes se discuten y aprueban en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, órgano responsable de crear las leyes estatales.

Actualmente, la LXVI Legislatura del Estado de Hidalgo está integrada por 30 diputadas y diputados. De ellos, 18 se eligen por mayoría relativa en distritos electorales y 12 por representación proporcional, conocidos como plurinominales. La composición muestra una fuerte presencia del partido Morena, acompañado por fuerzas aliadas como Nueva Alianza Hidalgo y el Partido del Trabajo, mientras que la oposición mantiene una representación minoritaria. Su responsabilidad es representar a la población, proponer leyes y supervisar el actuar del Poder Ejecutivo estatal.

El camino de una ley

Para crear o modificar una ley, el proceso inicia con la presentación de una iniciativa, que puede ser propuesta por diputadas y diputados, el gobernador, los ayuntamientos o la ciudadanía. Después, la propuesta se turna a comisiones legislativas, donde se analiza su viabilidad jurídica, social y presupuestaria.

Tras la revisión, las comisiones elaboran un dictamen en el que recomiendan su aprobación, modificación o rechazo. El documento se presenta para su discusión en el pleno, espacio donde las y los legisladores debaten públicamente sus alcances.

Si la iniciativa obtiene la mayoría de los votos, se aprueba y se envía para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. En ese momento entra en vigor y se vuelve obligatoria.

Un ejemplo del impacto legislativo es la aprobación de la Ley de Ingresos del Estado para 2026, que define cómo se recaudarán los recursos y en qué se gastarán, lo que influye en programas sociales, infraestructura y servicios públicos. Asimismo, cada año el Congreso aprueba las leyes de ingresos municipales, fundamentales para financiar servicios como agua potable, alumbrado público y recolección de residuos.

Entre septiembre de 2024 y finales de 2025 se presentaron 691 iniciativas, de las cuales 241 fueron aprobadas, lo que representa cerca del 35 por ciento. Muchas propuestas quedan pendientes debido a su impacto presupuestal o a la necesidad de un análisis técnico más profundo.

El trabajo que no se ve

Gran parte del trabajo legislativo ocurre fuera del pleno. Las comisiones analizan propuestas, especialistas aportan estudios técnicos y asesores revisan el marco legal para evitar contradicciones normativas. Este proceso busca garantizar que las leyes sean aplicables y respondan a necesidades reales.

Aunque la ciudadanía puede presentar iniciativas o participar en consultas públicas, estos mecanismos son poco conocidos. Una mayor participación permitiría que las leyes reflejen mejor las necesidades de las comunidades, ya que comprender cómo se crean permite exigir mejores decisiones, participar activamente y vigilar a los representantes públicos.