Hidalgo recupera 500 mdp y presenta denuncias por corrupción

Legisladores y ciudadanos cuestionaron las investigaciones por corrupción y las obras con irregularidades.

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Álvaro Bardales compareció ante el Congreso de Hidalgo. Imagen: Congreso de Hidalgo / Portal Oficial.

La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo recuperó cerca de 500 millones de pesos vinculados con presuntos desvíos de recursos e incorporó 435 inmuebles al patrimonio público, valuados en más de mil 267 millones de pesos, informó su titular, Álvaro Bardales Ramírez, durante su comparecencia ante el Congreso estatal por el cuarto informe de gobierno de Julio Menchaca Salazar.

Ante las y los legisladores, el funcionario detalló que la dependencia realizó 10 mil 416 inspecciones, 544 auditorías por más de 256 mil 700 millones de pesos y 17 mil 614 actas de entrega-recepción relacionadas con una inversión de 27 mil millones de pesos. También reportó ahorros superiores a 32 millones de pesos anuales y la presentación de cerca de 100 denuncias penales por presuntos actos de corrupción.

Denuncian irregularidades 

Durante la sesión, Bardales Ramírez señaló que la Contraloría acompañó la presentación de 33 denuncias contra administraciones municipales salientes, principalmente por deficiencias en obras públicas. Además, informó que existen 17 denuncias relacionadas con proyectos en municipios como Tulancingo, Huejutla, Apan, Tula y Villa de Tezontepec. Sobre las observaciones financieras municipales, identificó a Tepehuacán de Guerrero, con 210 millones de pesos; Huichapan, con 168 millones, y Tepetitlán, con 58 millones.

En el caso de la llamada Estafa Siniestra, cuyo monto se estima en cerca de 2 mil 400 millones de pesos, el secretario aseguró que continúan las acciones legales para recuperar los recursos y que se mantienen las 97 denuncias presentadas contra presuntos responsables. Reconoció que la falta de localización de algunas personas involucradas, así como la presencia de posibles responsables fuera del país, ha dificultado los procedimientos. Respecto al caso Accendo, explicó que las acciones definitivas dependen del avance del concurso mercantil ante instancias federales.

Las y los diputados también cuestionaron los dictámenes de compatibilidad laboral de 117 síndicos y regidores, las irregularidades detectadas en contrataciones públicas y el seguimiento a obras inconclusas. El funcionario explicó que la mayoría de los casos de incompatibilidad corresponden a docentes y trabajadores municipales, y consideró necesaria una reforma que establezca reglas claras. Sobre las obras, destacó que la dependencia coordina acciones correctivas con contratistas, ayuntamientos y comités ciudadanos.